El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que cierra definitivamente el debate sobre la posibilidad de aumentar las indemnizaciones por despido improcedente más allá de lo estipulado por el Estatuto de los Trabajadores.
La Sala de lo Social ha resuelto que el sistema de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, es adecuado y cumple con los estándares internacionales. Esta decisión tiene importantes implicaciones tanto para los trabajadores como para las empresas.
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA SENTENCIA?
La sentencia surge a raíz de un caso en el que una trabajadora fue despedida en los primeros días de la pandemia de COVID-19. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había otorgado una indemnización superior a la establecida por la legislación española al considerar que la compensación original era "claramente insuficiente" para reparar el daño sufrido.
Sin embargo, esta decisión fue recurrida, y el Tribunal Supremo anuló el fallo, reafirmando que la normativa actual no permite otorgar indemnizaciones superiores en función de circunstancias individuales.
La Sala de lo Social concluye que la compensación fijada por el Estatuto de los Trabajadores es adecuada y está alineada con los convenios internacionales, como el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que las indemnizaciones deben ser "adecuadas" sin especificar criterios concretos para determinarlas.
IMPACTO EN TRABAJADORES Y EMPRESAS
Para los trabajadores:
Este fallo supone un revés para aquellos que aspiraban a obtener indemnizaciones más altas basadas en circunstancias específicas, como la duración de la relación laboral o las dificultades económicas tras el despido.
Aunque el sistema de 33 días asegura una compensación uniforme, algunos expertos consideran que puede resultar insuficiente en casos de contratos de corta duración, donde la indemnización final es baja y no refleja plenamente el impacto del despido.
La elección de readmisión o indemnización corresponde al empresario, salvo que se trate de un representante legal de los trabajadores.
Contar con un abogado laboralista es esencial para valorar las opciones disponibles y garantizar que se respeten los derechos del trabajador.
Para las empresas:
La decisión del Supremo refuerza la seguridad jurídica para los empresarios, quienes no deberán enfrentarse a decisiones judiciales que incrementen las indemnizaciones de manera arbitraria. Esto aporta predictibilidad y evita desigualdades en el tratamiento de los casos de despido.
No obstante, el debate sobre la suficiencia de las indemnizaciones en España podría reavivarse, ya que organismos como el Comité Europeo de Derechos Sociales han recomendado una revisión del sistema para adaptarlo mejor a las necesidades de los trabajadores.
LA INFLUENCIA DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL
Uno de los puntos clave de la sentencia es su análisis del Convenio 158 de la OIT y la Carta Social Europea. Mientras que el primero deja en manos de cada país determinar qué se entiende por "indemnización adecuada", la segunda establece que las indemnizaciones deben ser suficientes para reparar el daño causado y disuadir a las empresas de realizar despidos injustificados.
Sin embargo, el Supremo ha decidido no pronunciarse sobre la Carta Social Europea revisada, ya que el caso analizado se refiere a un despido ocurrido antes de su ratificación en España.
Esta interpretación subraya el equilibrio entre el respeto a las normas internacionales y la soberanía nacional para legislar sobre el despido laboral. Si bien el sistema actual ofrece homogeneidad, su aplicación puede ser revisada en el futuro si persisten las críticas sobre su capacidad para reparar daños en casos particulares.
EL DEBATE SIGUE ABIERTO
Aunque el fallo del Supremo cierra la posibilidad de que los jueces incrementen las indemnizaciones, el debate sobre la idoneidad del sistema vigente está lejos de concluir. Sindicatos y algunos sectores del Gobierno han abogado por reformar las indemnizaciones por despido improcedente para proteger mejor a los trabajadores con menor antigüedad o salarios bajos.
Por otro lado, las organizaciones empresariales insisten en que el sistema actual ya es suficiente y que un aumento en las indemnizaciones podría desincentivar la contratación. Este equilibrio entre proteger a los trabajadores y mantener la competitividad empresarial seguirá siendo un tema central en las discusiones laborales.
En conclusión, la sentencia del Tribunal Supremo refuerza la aplicación uniforme del sistema de indemnizaciones en España, ofreciendo seguridad jurídica y homogeneidad. Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de futuros debates y reformas que adapten las indemnizaciones a un contexto laboral cambiante.
Mientras tanto, trabajadores y empresas deberían contar con asesoramiento jurídico especializado para moverse por un sistema que, aunque estable, no está exento de controversias.
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