Nueva normativa para empleadas del hogar

De acuerdo con el texto del Real Decreto al que ha tenido acceso el despacho Derechos del Trabajo, los empleadores, principalmente familias, deberán realizar una evaluación de los riesgos laborales que afectan a las trabajadoras en sus domicilios. Esta evaluación se llevará a cabo con una herramienta facilitada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Además, las empleadas tendrán derecho a recibir exámenes médicos periódicos y gratuitos, con una periodicidad trienal, y a recibir formación sobre los riesgos laborales asociados a las tareas del hogar.

Una de las grandes novedades es que esta formación y las revisiones médicas serán únicas, es decir, se realizarán una sola vez independientemente del número de empleadores para los que trabaje la persona. Esto facilitará la gestión de estos procedimientos y evitará sobrecargar a las trabajadoras. Cabe destacar que estos reconocimientos médicos solo se llevarán a cabo con el consentimiento de la empleada, garantizando su privacidad.

Aunque la normativa implica nuevas responsabilidades para los empleadores, como la provisión de equipos de trabajo adecuados para las tareas del hogar, no se espera que esto suponga un gran incremento en los costes, según el Ministerio.

De hecho, las familias no estarán obligadas a contratar servicios adicionales, salvo que decidan suscribir un seguro específico. Sin embargo, queda claro que los empleadores no podrán trasladar ningún coste relacionado con estas medidas a las trabajadoras.

Además, se establece que, en caso de peligro grave e inminente, como situaciones de violencia o acoso, el empleador tendrá la obligación de tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las trabajadoras. En este sentido, el INSST desarrollará en un plazo de un año un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el empleo del hogar.

Pese a las mejoras evidentes que trae esta normativa, algunas de las demandas históricas del sector no se han incluido en el texto.

Una de las más relevantes es la imposibilidad de que la Inspección de Trabajo acceda a los domicilios para verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad, una limitación impuesta por la inviolabilidad del domicilio, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Española.

Esta situación seguirá dificultando la labor de control sobre los empleadores y la protección efectiva de los derechos de las empleadas del hogar.

Por otro lado, la norma aún no entrará en vigor de manera inmediata. La entrada en vigor se retrasa hasta, al menos, enero de 2026, ya que se requiere el desarrollo de la plataforma para la evaluación de riesgos por parte del INSST, un proceso que tomará aproximadamente diez meses.

A pesar de los avances que supone esta normativa, la realidad laboral de las empleadas del hogar sigue siendo preocupante. Este colectivo, uno de los más afectados por el trabajo en negro, ha sufrido un descenso significativo en la afiliación a la Seguridad Social.

Según los últimos datos, se ha registrado una caída del 29% en la afiliación en el último año, lo que refleja que muchas de estas trabajadoras siguen trabajando sin contrato y, por tanto, sin derechos.

Este martes, con la posible aprobación de esta normativa, se espera dar un nuevo paso en la protección de este colectivo tan castigado y vulnerable, ofreciendo seguridad y mejores condiciones laborales a las trabajadoras del hogar, que, finalmente, contarán con un marco específico de prevención de riesgos laborales.